Acerca de la cuestión argentina.

Como todos sabemos, hace apenas una semana, el gobierno argentino nacionalizaba YPF, filial de la multinacional Repsol en el país transatlántico.

Como se recoge en nuestro manifiesto, los republicanos de Villaverde apostamos por el control estatal de los pilares estratégicos de las economías nacionales con el fin de que sus beneficios sean distribuidos entre la población bajo la forma de servicios públicos a través de los presupuestos del Estado.

Condenamos, en primer lugar, la caza de brujas que la clase política española, en su conjunto, ha llevado a cabo a través de los medios de comunicación contra el gobierno de Argentina, pues entendemos que ésta responde a intereses coloniales y no a cuestiones puramente económicas, como pretenden hacernos ver.

La evolución al alza del precio de los carburantes en estos últimos años, cuestión que  no ha podido solventar ni la guerra de Irak ni la guerra de Libia; el incremento del IRPF, el incremento del IVA, la reducción salarial a los funcionarios, la reforma laboral (Zapatero) y el recorte de las pensiones, todo ello en 2.010, por un lado; un segundo incremento del IRPF, una segunda reforma laboral (Rajoy), el incremento de la subida de la luz y los recortes sociales, por otro, suponen un descenso del poder adquisitivo de la población, medidas tomadas todas ellas con anterioridad al 15 de abril del presente año, como se puede comprobar.

Condenamos, en segundo lugar, las declaraciones del ministro de asuntos exteriores español, José Manuel García Margallo, en las cuales afirma que “el ministerio de asuntos exteriores debe servir a los intereses de las empresas”. Por un lado, entendemos que la clase política, como organismo dependiente del Estado, debe servir al conjunto de éste, y no a los intereses de una entidad privada que representa tan sólo una minoría social. Por otro lado, la economía debe entenderse como una ciencia al servicio de la superación y mejora de los individuos que componen una sociedad, distribuyéndose a través de los servicios públicos, y no como una forma de explotación humana.